El gobierno de Giammattei miente sobre las sanciones de EE.UU a mineras rusas

El gobierno de Giammattei miente sobre las sanciones de EE.UU a mineras rusas

A Mayaníquel, una de las empresas sancionadas, la administración Giammattei le dio una nueva licencia de explotación el 18 de mayo de 2021, dos semanas después de que enviados de esa empresa entregaron un soborno millonario al presidente, según dijo un testigo. Con base en esa declaración, la anterior FECI abrió una investigación en contra del presidente, que terminó con la salida de Juan Francisco Sandoval y que simplemente nadie investigó.

El gobierno de Alejandro Giammattei envió a la Policía Nacional Civil y al ejército a reprimir a líderes y comunitarios Maya Q’eqchi’ que protestaban contra el ilegal Proyecto Minero Fénix en El Estor, Izabal, en octubre de 2021. Esos policías, actuando como guardias privados al servicio de la mina, se aseguraron de que esta no se quedara sin el suministro de carbón que las protestas habían bloqueado. Esos policías dieron seguridad a guardias privados de otra empresa que quemaron una aldea en el sur de El Estor.

Y fue también el gobierno de Giammattei el que llevó adelante una consulta amañada que permitió a los mineros seguir operando, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad se lo había prohibido, precisamente por no consultar, como la ley guatemalteca manda, a  comunidad Maya afectada por la contaminación ambiental generada por la mina.

Giammattei además les facilitó un estado de sitio para cerrar el resultado de la consulta, amañada e ilegal, en el que incluso usó los jeeps J8 blindados donados por la propia embajada de los EE. UU., lo que luego provocó una investigación interna en Washington, solicitada por un grupo de congresistas de ese país. Hoy, luego de que el gobierno de los Estados Unidos sancionó a los mineros asociados a la extracción de níquel en Izabal y Alta Verapaz, Alejandro Giammattei quiere desmarcarse de esos a los que lleva años protegiendo.

El 18 de noviembre pasado, los departamentos de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos, bajo la dirección del gobierno de Joe Biden, sancionaron al ciudadano ruso Dimitri Kudriakov y a la bielorrusa Iryna Litviniuk, ejecutivos de la empresa ruso-suiza Solway, y a las empresas guatemaltecas Pronico, Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Mayaníquel por “múltiples esquemas de sobornos durante años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios…” y “llevar a cabo actos corruptos en apoyo a los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos”.

Solway es la dueña del Proyecto Minero Fénix, que es como se llama el permiso minero con el que opera la mina de níquel en El Estor, Panzós, Senahú y Cahabón; demás tienen licencias como Niquegua Montufar II, Nabej y Chichipate. CGN y Pronico son las subsidiarias guatemaltecas que, con el capital de Solway y sus ejecutivos, llevan a cabo la extracción de níquel en Guatemala. Kudriakov y Litviniuk son dos de los más altos ejecutivos de la operación minera en El Estor. Kudriakov es “el jefe”, como se le nombra en los documentos filtrados por #MiningSecrets, principal accionista en CGN, empresa en la que intervienen capitales de las familias guatemaltecas Berger, Ayau y Soto.

Mayaníquel es una empresa que, a diferencia de CGN, fue creada directamente por rusos en Guatemala, y cuya casa matriz es TelfAg, otro consorcio ruso, que es socia de las anteriores en la explotación minera, tanto en el sitio de extracción, fundición, como en el Puerto de Santo Tomás de Castilla, de donde el níquel, tierras raras y otros metales salen hacia sus destinos en Europa, EE. UU., América Latina y Asia. Decenas de documentos publicados por Main Info y otros medios internacionales prueban esas relaciones.

Tras conocerse las sanciones estadounidenses a todos estos actores, extranjeros y guatemaltecos, el gobierno de Giammattei emitió un comunicado de prensa en el que asegura que “las licencias de exploración y explotación con las que operan las empresas mineras de capital ruso sancionadas fueron ingresadas y concedidas durante gobiernos anteriores”. Hay una parte de esa frase que es mentira.

La licencia de explotación del Proyecto Minero Fénix fue concedida durante la administración de Óscar Berger, entonces a una empresa canadiense. Luego, Solway compró el derecho de explotación. Mayaníquel también obtuvo sus licencias para minar níquel y otros minerales en Izabal antes del gobierno de Giammattei. Sin embargo, Mayaníquel también obtuvo una licencia para explorar y explotar níquel y otros metales en La Ruidosa, al sur de Izabal, en mayo de 2021, durante el gobierno de Giammattei.

Ese permiso, que está amparado en la resolución DGM-RESOL-001-2021, llegó apenas dos semanas después de la visita de una delegación de rusos, encabezada por el ciudadano kazajo Alexander Machkevich, uno de los dueños de Mayaníquel, a Ciudad de Guatemala. Durante ese viaje, los extranjeros se reunieron con Antonio Malouf, entonces ministro de economía de Giammattei. Al presidente, según contó luego un testigo al Ministerio Público, un enviado de Mayaníquel le entregó un soborno millonario envuelto en una alfombra directamente en su propia casa en la zona 15.

Aunque no fue el gobierno de Giammattei el que dio el permiso de explotación a Solway, sí fue su administración la que se aseguró de que la mina siguiera funcionando a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) prohibió en 2019 la operación en El Estor y otros municipios afectados, porque Solway y sus afiliadas, hoy sancionadas, no realizaron la consulta a los Q’eqchi’ exigida por la ley, con lo que no tienen la licencia minera. Cuando, en 2021, las empresas mineras retomaron la consulta, lo hicieron sin tomar en cuenta a los líderes Q’eqchi’ a los que habían perfilado como opuestos a la actividad minera a través de una operación de espionaje e inteligencia dirigida, en buena parte, por el ruso Kudriakov. El gobierno de Giammattei, a través de su Ministerio de Energía y Minas, avaló esa consulta, financiada, diseñada y conducida directamente por la propia minera.

Mayaníquel, la empresa investigada por el supuesto soborno al presidente, también intentó desmarcarse de las sanciones. En un comunicado que emitió el mismo día en que se conocieron las sanciones estadounidenses, la compañía insistió en que no es subsidiaria de Solway. El Departamento del Tesoro, sin embargo, no basa su sanción en la relación entre Mayaníquel y Solway, sino que acusa directamente a la primera de ser parte del “esquema de corrupción” de la minería de níquel en Guatemala. Con la trama rusa, como se conoció la operación ilegal con la que Mayaníquel -Telf Ag, las compañías pretendían apropiarse de la concesión del puerto en Santo Tomas de Castilla, en el cual actualmente opera junto con Solway y que ha estado en la mira de las investigaciones de la anterior FECI y CICIG.

El Ministerio Público que enterró la investigación de la trama rusa hoy dice que va a investigar

En su comunicado, el gobierno de Giammattei dice: “Corresponde ahora continuar con el proceso, para lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores ha notificado al Ministerio Público y al Instituto Guatemalteco de Migración ejecutar lo establecido en lo concerniente a las medidas impuestas”.

Solo después de que ese comunicad fue público llegó la reacción del MP que dirige la fiscal general Consuelo Porras. En un escueto texto, de dos párrafos, publicado el 21 de noviembre, el MP dice que ha remitido el caso a la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Esto a sabiendas de que en la FECI se investigó la presunta corrupción del presidente con la minera hasta julio de 2021.

Mujeres Maya Q’eqchi’ denunciaron la quema de casa en Chinebal-Palestina, en El Estor, durante el estado de sitio que el gobierno de Alejandro Giammattei decretó en octubre de 2021 para favorecer a la mina de Solway, empresa sancionada por Estados Unidos. Foto de Nelson Cetino.

El MP de Porras ya conoce la trama rusa en torno a la mina de níquel en El Estor. Cuando, al inicio de la gestión de esta fiscal general, Juan Francisco Sandoval era el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), fue él quien abrió el expediente de investigación a Giammattei tras la denuncia por el supuesto soborno que el presidente recibió de Mayaníquel. Sandoval ha dicho en repetidas ocasiones que su despido del MP en julio de 2021 se debió precisamente a esa investigación. El exjefe de la FECI también ha dicho que la primera de cuatro órdenes de captura emitidas en su contra por instrucciones de Porras está relacionada con el caso que relaciona a los rusos con Giammattei.

Rafael Curruchiche, a quien Porras nombró jefe de la FECI tras expulsar a Sandoval, enterró el expediente del supuesto soborno al presidente y, según dijeron en su momento a Main Info fuentes cercanas a aquella investigación, se dedicó a acosar a los fiscales que participaron en ella. Tanto a Curruchiche como a Porras Estados Unidos les ha prohibido la entrada al país y los ha sancionado por considerarlos actores corruptos y antidemocráticos, entre otras cosas por perseguir a fiscales como Sandoval y obstruir investigaciones de corrupción.

El MP, durante la gestión de Porras, se quedó corto en su apoyo a las mineras sancionadas. A finales de 2021, la fiscalía acusó al periodista maya Q’eqchi’ Carlos Choc y a comunitarios que protestaron contra la mina en octubre de ese año de agredir a 13 policías, durante la jornada en que la PNC y el ejército reprimieron la protesta contra la mina. Un juez exoneró a Choc en septiembre pasado. Luego allanaron la casa de dos periodistas más de Main Info,  Juan Bautista Xol y Baudilio Choc Mac.

Agentes del MP también acompañaron a empleados de la empresa Naturaceites que quemaron la aldea Maya Q’eqchi’ Chinebal-Palestina el 16 de noviembre de 2021, según descubrió una investigación de Main Info. Naturaceites es una empresa de palma aceitera que opera en la zona sur de El Estor y también se benefició del estado de sitio impuesto por el gobierno de Giammattei, tras la represión a quienes protestaron contra la mina de Solway, CGN y Pronico, tres de las empresas sancionadas por Estados Unidos.

También había agentes del MP en los allanamientos realizados durante aquel estado de sitio en casas de líderes comunitarios que se oponen a la mina y periodistas de Main Info que cubrieron esas protestas. Ese Ministerio Público, el de Consuelo Porras, investigó y acusó a los fiscales, periodistas y líderes Q’eqchi’ que denunciaron o investigaron el contubernio entre los mineros rusos y el gobierno de Alejandro Giammattei. Nunca investigó las denuncias contra esos rusos y ese gobierno. Hoy, luego de las sanciones que llegan de Washington dice, en dos párrafos, como entre dientes, que sí investigará.

Mientras tanto Solway sigue operando de manera ilegalmente desde 2019, un proyecto minero que desde el 2005 no tiene licencia minera para hacerlo.


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