El principal investigador de la Gürtel relata al juez un cúmulo de “anomalías y presiones paralelas” para tapar el caso | España | EL PAÍS

Manuel Morocho, inspector jefe de la Policía, a su llegada este martes a la Audiencia Nacional.Óscar Cañas / Europa Press

Manuel Morocho, inspector jefe de la Policía Nacional, ha desatado este martes una enorme tormenta en la Audiencia Nacional. El agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que lleva durante una década al frente de la investigación sobre la trama Gürtel que asola al PP, ha explicado durante casi tres horas al juez Manuel García-Castellón ―instructor del caso Kitchen, sobre el espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas― todo el cúmulo de “anomalías y presiones paralelas” que recibió desde la cúpula del cuerpo y del Ministerio del Interior para tratar de boicotear las pesquisas. Con profusos detalles, Morocho ha narrado las maniobras para tratar de modificar sus informes para que no señalaran a dirigentes del partido conservador e, incluso, los intentos de comprarlo con su traslado a destinos mejor dotados económicamente, según confirman varias fuentes jurídicas.

“Me deja usted un panorama desolador”, ha llegado a afirmar el juez durante la declaración como testigo de Morocho, que se reanudará el próximo viernes. El magistrado lo había citado este martes después de encontrar supuestas referencias a las maniobras urdidas contra él en las 13 nuevas agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, localizadas durante un registro de su domicilio en octubre de 2020. Además, en febrero de 2019, el inspector jefe ya había esbozado al instructor cómo trataron de apartarlo de la investigación de Gürtel, la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa y que implicó a numerosos cargos del PP que entonces lideraba Mariano Rajoy.

Un relato que este martes se ha convertido en una apisonadora contra los intereses del PP. El testimonio de Morocho se ha producido en la línea de investigación abierta por la Operación Kitchen, la trama parapolicial urdida en Interior para espiar al extesorero popular tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas con el supuesto objetivo de arrebatarle material sensible sobre importantes dirigentes del partido. La instrucción de la Audiencia apunta a que ese despliegue comenzó en julio de 2013 —cuando Bárcenas se disponía a confesar por primera vez—, pero también a que las maniobras para torpedear la investigación de Gürtel se sucedían desde mucho antes.

En ese sentido, el inspector jefe de la UDEF ha especificado que en el verano de 2013, cuando ya había estallado el escándalo de la caja b tras publicar EL PAÍS los papeles que reflejaban la contabilidad opaca del partido, la cúpula policial le ofreció trasladarlo como agregado de Interior a alguna embajada, ofreciéndole entre varias la de Lisboa, un puesto con una remuneración que supera los 10.000 euros mensuales. “Se me conminó a que minusvalorara los papeles de EL PAÍS”, ha manifestado también el agente, que ha insistido en que rechazó la propuesta.

Según la versión de Morocho, este intento de comprarlo llegó a través del comisario José Luis Olivera, en un encuentro que mantuvieron en junio de 2013 en una cafetería de Madrid. Durante la conversación, según ha explicado el inspector al juez, Olivera recibió una supuesta llamada del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de la que dedujo que este le preguntaba precisamente por su conversación con el responsable de la investigación del caso Gürtel: “Hola, ministro. Sí, estoy con él”, ha asegurado Morocho que dijo Olivera a su interlocutor. El abogado de Fernández Díaz niega que se produjese esta llamada entre su cliente y el mando policial, y ha repetido que Olivera pudo inventársela.

Quitar nombres de los informes

En su primera declaración ante el juez en febrero de 2019, Morocho contó también que, cuando la investigación de Gürtel estaba en marcha, trataron de sobrecargarlo de trabajo trasladándolo a la Dirección Adjunta Operativa, encabezada por Eugenio Pino, máximo mando policial en aquella época e imputado por el caso Kitchen. Allí le pusieron a hacer labores que siempre quedaban en nada y que debía compaginar con sus pesquisas sobre Gürtel. A esas palabras añade este martes más acusaciones: ha asegurado que sus superiores le impidieron poner en sus informes los nombres de cargos del PP —entre ellos, el de Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno— que, según los papeles de Bárcenas, fueron perceptores de sobresueldos.

Según Morocho, también le presionaron para quitar el nombre del empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y recientemente imputado en el caso Kitchen. Según ha explicado, uno de sus jefes se lo justificó alegando que “López del Hierro es amigo [del comisario José Manuel] Villarejo”. El inspector jefe de la UDEF ha apostillado que logró esquivar todas estas trabas añadiendo los nombres en los anexos de uno de sus informes.

La referencia a López del Hierro se ha producido a preguntas del juez, que intenta aclarar el significado de las anotaciones detectadas en las 13 agendas intervenidas a Villarejo, donde se menciona a Morocho. Así, el 29 de abril de 2013, el comisario apuntaba: “Problemas sobre el último informe de Moroc.”. Ese mismo día, el inspector había firmado un informe donde aseguraba que el “M. R.” que aparecía en los papeles de Bárcenas era supuestamente Rajoy y donde se señalaba al marido de Cospedal como donante de la caja b del PP. Villarejo también escribió en sus cuadernos otra “entrada significativa”, según el juez, cuando situaba el nombre de Morocho junto a la palabra “Lisboa”, en supuesta referencia al destino en la embajada de España en Portugal.

Lisboa, Viena y la ONU

El principal investigador de Gürtel ha explicado al juez que, durante la reunión con Olivera para comprarlo, no solo le ofrecieron un puesto suculento en Lisboa. También en Viena y la ONU. Además, su superior aprovechó esa cita para pedirle que le enviase los informes que hiciese a un correo electrónico para que los pudiera valorar antes de remitírselos finalmente al juez Pablo Ruz, que investigaba la trama de corrupción en la Audiencia Nacional. “No lo hice”, ha señalado Morocho, que ha detallado cómo, a partir de entonces, su grupo de la UDEF extremó las medidas de seguridad “ante el riesgo evidente de filtración”. De hecho, está convencido de que la dirección de la Policía monitorizaba sus movimientos para saber cuándo acudía a ver al magistrado.

Durante el juicio sobre la caja b del PP, celebrado este año en la Audiencia, un perito de Hacienda ya apuntó en esa línea e insinuó que los populares y su entorno manejaban información confidencial de la investigación. Como la intención de entrar a registrar la sede del partido en la calle Génova y el estudio de arquitectura Unifica, responsable de la remodelación del edificio y que supuestamente fue pagada con dinero extraído de la contabilidad opaca.

Dentro de las presiones narradas, Morocho ha detallado que también le conminaron a eliminar de sus informes “los elementos indiciarios” que pudieran apuntar a la existencia de un delito de cohecho por la supuesta relación directa entre las donaciones ilegales que hacían empresarios a la caja b y la adjudicación de obra pública desde administraciones controladas por los populares. De hecho, ha indicado que su superior de la UDEF leía con carácter previo los documentos y subrayaba en ellos los párrafos que debían ser eliminados. Este fleco de las pesquisas del caso Gürtel aún sigue abierto y actualmente lo investiga el propio inspector jefe bajo las órdenes del actual titular del Juzgado Central de Instrucción 5, Santiago Pedraz.

Morocho ha abordado su traslado temporal a la Dirección Adjunta Operativa, ordenado por Pino. Como ya había declarado anteriormente ante el juez y, el pasado marzo, en la comisión de investigación del Congreso, el inspector jefe ha insistido en que el objetivo final de ese destino era apartarle de las pesquisas de Gürtel o, al menos, dificultar su avance. En este punto ha rememorado que, estando ya allí, el comisario Pino le presentó al también comisario Enrique García Castaño, otro de los mandos policiales claves en el espionaje a Bárcenas y que ahora colabora con la justicia, y que este le dijo: “Y tú qué haces aquí si tú tenías que estar muerto”.