Quiénes son los empresarios rusos sancionados por Estados Unidos por sobornar al gobierno de Guatemala

Quiénes son los empresarios rusos sancionados por Estados Unidos por sobornar al gobierno de Guatemala

El gobierno de Estados Unidos confirmó una sospecha que la fiscalía local tenía en 2021: que empresarios mineros ligados a capitales rusos viajaron a Ciudad de Guatemala aquel año para garantizar, a punta de sobornos, la estabilidad de sus operaciones de extracción de níquel y otros metales en suelo guatemalteco.

Uno de los principales señalados en ese esquema de corrupción es Alejandro Giammattei, el presidente del país, a quien el Ministerio Público investigó en junio de 2021 luego de que un testigo aseguró que ejecutivos y empleados de Mayaníquel, empresa guatemalteca propiedad del consorcio minero ruso TelfAg y una de las sancionadas por Washington, entregaron al mandatario millones de dólares envueltos en una alfombra que llevaron hasta su casa en una lujosa zona de la capital.

El pasado 18 de noviembre, el Departamento del Tesoro sancionó con la Ley Magnitsky a Mayaníquel y a otras dos empresas guatemaltecas, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico, así como al ciudadano ruso Dimitri Kudriakov y a la bielorrusa Iryna Litviniuk, ejecutivos de Solway Investment Group, un consorcio minero asentado en Suiza y alimentado con capitales de oligarcas cercanos a la órbita rusa, como el estonio Aleksander Bronstein.

A todas estas personas el gobierno estadounidense las acusa de estar involucrados en “múltiples esquemas de sobornos durante años, que involucraron a políticos, jueces y funcionarios guatemaltecos”, y de “llevar a cabo actos corruptos en apoyo a los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos”.

A los sancionados Estados Unidos les aplicará la Ley Magnitsky a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que permite a las autoridades estadounidenses congelar todos los activos financieros y de otros tipos que estos posean en Estados Unidos, así como sancionar a individuos o compañías que hagan negocios con los mineros rusos y sus asociados guatemaltecos.

Las autoridades estadounidenses no publican nombres de los funcionarios específicos a los que los rusos sobornaron, pero el lenguaje del Departamento del Tesoro tiene implicaciones directas para Alejandro Giammattei, el presidente de Guatemala, según un funcionario de la administración Biden consultado, quien habló con Infobae desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público y quien conoce de cerca cómo opera el Tesoro al aplicar estas sanciones.

“El señor Giammattei tendría que leer con mucha atención estas sanciones. Su nombre no está escrito ahí, pero el mensaje parece bastante claro”, dijo el funcionario.

En junio de 2021, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala (FECI) abrió un expediente de investigación a Giammattei, presidente del país desde 2020, luego de que un guardia de seguridad declaró que rusos liderados por el empresario kazajo Alexander Machkevich dieron un soborno millonario al presidente para garantizar el buen rumbo de las operaciones mineras rusas.

Juan Francisco Sandoval era el jefe de la FECI entonces, pero dejó de serlo solo un mes después, luego de que su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, lo despidió, en buena medida para enterrar la investigación a Giammattei. Sandoval tuvo que salir exiliado de Guatemala, donde la fiscal Porras, nombrada por el presidente en el puesto y a quien el Departamento de Estado en Washington ha nombrado funcionaria corrupta y antidemocrática, inició una persecución penal que ya incluye cuatro órdenes de captura y cerca de 100 expedientes abiertos contra el exfiscal.

Hoy, Sandoval considera que las sanciones estadounidenses son una confirmación de que su investigación a Giammattei tenía sustento. “Dan credibilidad a hechos que estaba documentando en Guatemala previo a mi salida. Consuelo Porras, en lugar de apoyar la pesquisa, me destituyó y dos meses después emitió orden de captura en mi contra por esa investigación”, dijo a Prensa Comunitaria, el medio guatemalteco que más ha investigado la actividad minera rusa en el país.

Mayaníquel, una de las sancionadas y la empresa acusada de sobornar a Giammattei, es parte de una operación millonaria de extracción de níquel en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, en el noreste del país.

A finales de abril de 2021, varios ejecutivos rusos y el kazajo Machkevich llegaron a Guatemala en un jet propiedad de este último para una vista que duró varios días y que incluyó al menos una reunión con Antonio Malouf, entonces ministro de economía de Giammattei y uno de los principales nexos del empresariado guatemalteco con la Rusia de Vladimir Putin. Fue en esos días en que el presidente recibió la alfombra cargada de dinero, según el testigo al que entrevistó la FECI de Sandoval.

Ni un mes había pasado de aquella visita cuando el gobierno de Giammattei otorgó, el 18 de mayo, una licencia de explotación de níquel a Mayaníquel en un sitio conocido como La Ruidosa. Los antecesores de Giammattei no habían otorgado este permiso, que estaba en trámite desde 2010.

Las investigaciones de la FECI de Sandoval, así como publicaciones periodísticas posteriores, establecieron también que Mayaníquel había ofrecido al gobierno de Giammattei un trato para gestionar, sin mayor control, una zona del Puerto Santo Tomás de Castilla, en el Caribe guatemalteco. Es a través de ese puerto que Mayaníquel y los rusos de Solway Investment Group exportan el níquel y otros metales que extraen de sus minas. El trato por el puerto con Mayaníquel se cayó luego de que Sandoval hizo público el soborno al presidente.

El gobierno del presidente guatemalteco también ha favorecido a Solway y sus filiales guatemaltecas CGN y Pronico, también sancionadas por el Departamento del Tesoro el 18 de noviembre pasado. En 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, falló en contra de la mina de Solway tras un amparo que presentaron pescadores q’eqchi’ y otros líderes indígenas, representantes de comunidades afectadas por la contaminación provocada por los mineros de níquel en el vecino Lago de Izabal, el más grande del país.

El fallo de la CC, reiterado por el tribunal en 2020, ordenó el cese inmediato de las operaciones mineras hasta que las compañías rusas y sus filiales llevaran a cabo una consulta libre e informada con los líderes q’eqchi’, algo que no ocurrió. Sin embargo, con la complicidad del ministerio de energía y minas y la fuerza pública dirigidos por Giammattei, la mina siguió operando en la ilegalidad.

En octubre de 2021, sin que el gobierno los tomara en cuenta para la consulta ambiental exigida por la CC, líderes q’eqchi’ bloquearon la carretera que conduce al poblado de El Estor, donde está la mina, e impidieron el acceso del suministro de carbón que la planta extractora de níquel necesita para funcionar. Para solucionar el problema, el gobierno de Giammattei envió un contingente de centenares de policías y soldados a despejar la vía para la mina y, luego, decretó un estado de sitio durante el cual agentes del Estado guatemalteco acosaron a los líderes indígenas y a periodistas q’eqchi’ que dieron cobertura a aquellos hechos.

Desde Solway y las filiales, los encargados de supervisar la relación con el Estado guatemalteco eran el ruso Dimitri Kudriakov y la bielorrusa Iryna Litviniuk, los dos individuos sancionados por Washington.

A Dimitri Kudriakov el estado guatemalteco le ayuda desde mediados de la década pasada, cuando el Proyecto Minero Fénix, propiedad de los rusos de Solway, inició operaciones en la mina de El Estor.

En 2014, a los actos inaugurales de la mina llegó Otto Pérez Molina, entonces presidente de Guatemala, y quien un año después fue arrestado por delitos de corrupción, en parte gracias a investigaciones que desarrolló el entonces fiscal Juan Francisco Sandoval, el mismo que luego investigó el soborno a Giammattei.

Un año después de la inauguración, Kudriakov tuvo que presentarse en un tribunal guatemalteco para responder por la muerte de tres estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), ocurridas en circunstancias poco claras en una zona de influencia de la mina. Familiares de las víctimas aseguran que en los asesinatos participó un empleado de la mina, por lo que Kudriakov se vio obligado a responder judicialmente. Aunque el juez Aníbal Arteaga, encargado del caso, ligó durante un tiempo al ruso al proceso, le permitió salir y entrar a Guatemala sin restricciones, algo que se suponía no debía ocurrir. Una investigación periodística internacional reveló, basada en documentos internos de la mina, que Arteaga es uno de los funcionarios guatemaltecos a los que Solway y sus filiales entregaron regalías.

Cuando, en 2019 y 2020 la Corte de Constitucionalidad prohibió el funcionamiento de la mina, Kudriakov supervisó la respuesta legal y, de nuevo, se hizo cargo de las relaciones con el gobierno de Giammattei. Tan seguro estuvo siempre el ruso de que podía operar a pesar de las restricciones legales, que así lo hizo saber a su jefe, el magnate estonio Aleksander Bronstein, cofundador de Solway.

“Estamos recuperando la productividad rápidamente… Estamos trabajando, manteniendo el equipo, seguimos con la producción, lo cual puede inflamar los cerebros de esta gente enferma si se dan cuenta”, escribe Kudriakov a Bronstein en un correo filtrado por el colectivo hacker Guacamaya, y que sirvió de base a la investigación periodística internacional a las minas rusas en Guatemala.

Para contrarrestar el fallo de la CC, Kudriakov y sus subalternos llevaron a cabo una operación de vigilancia de líderes indígenas, periodistas y jueces que fallaron en contra de la mina. A la postre, operadores políticos aliados del presidente Giammattei terminaron sacando de la Corte de Constitucionalidad a Gloria Porras, la presidenta del tribunal que prohibió la operación de la mina. Porras, como el exfiscal Sandoval, vive hoy exiliada en Washington.

La bielorrusa Iryna Litviniuk también fue parte de la operación para garantizar el funcionamiento de la mina rusa a pesar de las leyes guatemaltecas. El suyo fue un papel de contención de daños de imagen.

Litviniuk era en 2018 empleada de Pronico, otra de las empresas sancionadas por Estados Unidos. Entre sus principales misiones contaba la de disminuir los daños a la imagen del proyecto minero Fénix que pudieran causar sucesos como la muerte de los estudiantes del UVG, las denuncias de contaminación del Lago de Izabal o la muerte del pescador q’eqchi’ Carlos Maaz, asesinado por la policía en 2017 durante una protesta contra la mina.

En 2018, como parte de la estrategia de comunicaciones y propaganda, CGN y Pronico decidieron atender peticiones de medios internacionales de prensa que querían hablar de varios temas, entre ellos la muerte del pescador Carlos Maaz. El 11 de noviembre, Litviniuk escribió a un abogado de la mina para que preparara preguntas y respuestas que podrían hacerse en la entrevista con los periodistas, de forma que esta no se “saliera de las manos”.

En ese intercambio entre la bielorrusa y el equipo legal de los mineros, también hay referencias a la explosión de una caldera en la planta de El Estor, que dejó siete muertos en 2016, el cual la mina trató de minimizar ocultando las fallas que la maquinaría presentaba y negando dos de las siete muertes.

Litviniuk también supervisó planes llevados a cabo por empleados de la municipalidad de El Estor, señalados de recibir dinero de la mina, para perfilar a líderes opuestos a la extracción de níquel y a periodistas críticos. Varios de los perfilados terminaron siendo acusados penalmente por el Ministerio Público guatemalteco.

La mina de níquel en El Estor, Guatemala, sigue funcionando a pesar de las resoluciones judiciales que lo prohíben. Las investigaciones a los funcionarios guatemaltecos implicados en el esquema de corrupción que lo ha permitido han sido desechadas por la fiscal general Consuelo Porras, aliada política del presidente Alejandro Giammattei. Hoy, las sanciones del Departamento del Tesoro han vuelto a poner el escándalo en la mesa de la política guatemalteca.